La nueva planta de transferencia de residuos urbanos situada en Dolores darán cabida casi al 90% de los residuos de la Vega Baja

Las obras de la planta de transferencia de Dolores a través de la encomienda a la empresa pública de la GVA, Vaersa, que comenzaron en octubre del 2020, finalizarán el próximo mes de julio y darán cabida casi al 90% de los residuos de la comarca, en lugar del 50% que es como se preveía inicialmente.

«Los representantes de todos los grupos políticos de los ayuntamientos, de la diputación y de la GVA y el director general de Calidad y Educación Ambiental, nos informó sobre la obligatoriedad de cumplir con el contrato adaptándolo a la legislación actual que obliga a desarrollar un modelo de gestión sin macro-vertedero, sino con varias instalaciones de tratamiento de los residuos orgánicos, podas, voluminosos (muebles y grandes electrodomésticos), residuos de construcción y demolición de las obras menores y una potente red de ecoparques fijos y móviles repartidas por todo el territorio comarcal.», aclara Belmonte.

Además, argumenta que se está sentando las bases del nuevo proyecto de gestión para el correcto tratamiento de los residuos de la comarca, al mismo tiempo que se está intentando abaratar al máximo el coste de tratamiento, dando cumplimiento a las exigencia de los principios de Economía Circular de la Unión Europea.

«Las plantas de tratamiento estarán ubicadas en polígonos industriales porque los procesos de tratamientos que se están proponiendo no generan olores ni ruidos. Y les adelanto que estamos estudiando con la GVA la posibilidad de no tener que disponer de un vertedero en la comarca si cumplimos anticipadamente con los porcentajes de reciclaje y valorización que Europa ha planteado en su calendario.» Añade la presidenta.

Teresa Belmonte ha destacado que la Vega Baja no pagará indemnizaciones ni sanciones, y tendrá un proyecto de gestión que será un referente a nivel internacional y que se financiará casi en su totalidad con Fondos Europeos.

A todo esto, la presidenta añade que se prevé aplicar en poco tiempo el «Pago por Generación», en el que cada vecino pagará por la cantidad de basura que genere y por la forma de tratarla.  «Así quien actúe con responsabilidad medioambiental verá su tasa de basura muy reducida y quien no quiera reducir su huella ecológica, pagará por ello”, aclara la presidenta.

Además añade: «Para poder cumplir con los compromisos adquiridos y beneficiar a la comarca, necesitamos un compromiso firme y decidido de los ayuntamientos de la Vega Baja poniendo en marcha sistemas eficientes de recogida selectiva, colaborando con los programas de educación ambiental que el consorcio prepara para sus vecinos, de manera que sepan donde depositar sus residuos correctamente. Y lo más importante, aportando suelo municipal donde ubicar las instalaciones de tratamiento para que las plantas estén ubicadas donde los pueblos de la Vega Baja queremos.»

Cualquiera que quiera dar su opinión sobre el proyecto puede hacerlo desde el Consejo de Participación Ciudadana.
Las Normas de Funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana que aprobó inicialmente la Junta
el pasado miércoles, están publicadas y hay un plazo de 30 días para presentar alegaciones.