Dos meses después de la celebración del último pleno, la actualidad política ha vuelto con fuerza a Albatera. Ayer se celebró el pleno municipal ordinario perteneciente al mes de septiembre en el que se trataron diversos temas de gran interés para los ciudadanos, tanto que si no fuese porque el pleno debe terminar en el mismo día que se convoca, es decir, como máximo a las 12 de la noche, a estas horas todavía estaríamos allí. La controversia generada al tratar algunos puntos derivó en que el pleno tuviese una duración de 4 horas. A continuación vamos a hacer un repaso de los temas más importantes.
El primer punto tratado en el pleno fue una propuesta del concejal de hacienda, José Quinto, en la que pedía la adhesión del Ayuntamiento de Albatera a la Central de Contratación de la Diputación de Alicante porque “antes las líneas de alumbrado público se licitaban por parte del ayuntamiento pero ahora es más rentable a través de la propia empresa” aunque “el precio es un poco más caro del que nos ofrecería Eléctrica Albaterense pero la empresa no puede dar esos servicios por el momento”.
La adhesión a la Central de Contratación de la Diputación de Alicante fue aprobada por unanimidad.
El segundo punto versaba sobre la publicidad de los contratos negociados, en los que, según explicaba José Quinto “España debe ser transparente en la contratación pública, porque destaca por una baja publicación de los contratos públicos” por eso “trasladando esto a nuestro consistorio, habrá que publicar los anuncios en el perfil del contratante que permitan acceder a los pliegos a las empresas para que puedan ofertar”. La concejala no adscrita, Mila Pérez añadió que “todo lo que se haga para que el ayuntamiento sea más transparente lo voy a apoyar”. Por su parte, el portavoz del grupo popular, Federicó Berná destacó que “cuanto más publicidad se le dé a los contratos más empresas se presentarán, lo que supone un ahorro a la administración”.
Este punto también fue aprobado por la unanimidad del pleno.
La tensión entre los grupos políticos comenzó tras la presentación de una moción para la bajada del IBI por parte de la concejala no adscrita. Mila Pérez comentó que “este año algunos vecinos han pagado hasta un 18% en sus recibos de la contribución, porque sumado al aumento del IBI, también se ha revisado el valor catastral” lo que pide esta moción es “bajar el tipo de gravamen para el año que viene, este año ya está hecho, pero el siguiente debería paliar lo de este”.
El portavoz de Ciudadanos, Domingo Guillén, se mostró a favor de la moción añadiendo que “nosotros añadiríamos unas bonificaciones a la ordenanza, en las que se puedan beneficiar familias, jubilados y pensionistas, además de reducir el IBI en locales donde se desarrollen actividades económicas para promover el emprendimiento”.
Por su parte, el concejal de hacienda, José Quinto, añadió que “en 2016 bajó el IBI por un error en la publicación de la ordenanza, por eso este año ha subido lo que estaba previsto con anterioridad. Sí éramos conscientes de la revisión catastral peor no sabíamos lo que iba a suponer. Queremos bajar el IBI pero con los números claros”.
El grupo popular presentó una enmienda a esta moción en la que pedía “bajar el IBI al 1,01 y vamos a proponer un estudio que nos diga cuanto se recaudaría con ese IBI” declaró Federico Berná, portavoz popular, que añadía “lo que hay que hacer es modificar el plan de ajuste porque la situación es totalmente diferente a la que había cuando se presentó, hay que ajustar ese plan”.
Sin embargo el momento más polémico y tenso se produjo cuando Mila Pérez acusó al grupo socialista de haber solicitado la revisión de los valores catastrales y ser consciente de la subida del 8% y aun así haber publicado la ordenanza de la subida del IBI. Por su parte el equipo de gobierno se defendió informando que en un primer momento, se pretendía dejar el IBI en el 1,01 y que solo afectara a los ciudadanos la revisión de los valores catastrales, pero por un error, que aún está por aclarar, se publicó también la ordenanza con la subida del IBI, por lo tanto, este impuesto subió al 1,10.
Tras este cruce de declaraciones, todos los grupos políticos se mostraron sorprendidos y decepcionados puesto que ninguno había tenido información sobre la petición por parte del ayuntamiento de esta revisión catastral. Lo único que está claro es que los recibos han subido y al final los que pagamos somos los vecinos, como siempre.
Finalmente se aprobó la moción con la enmienda con los votos a favor de PP, Ciudadanos y la concejala no adscrita. El grupo socialista se abstuvo.
Seguidamente el grupo popular presentó una moción en la que pedían la dimisión o cesión del Conseller Marzá porque el Consell aprobó un decreto que establece un modelo lingüístico con el que no están de acuerdo y que además paralizó el TSJV. Mila Pérez añadió que “las lenguas deben unir no separar y para mí el Conseller no lo está haciendo bien, un maestro que está toda la vida ejerciendo no se puede quedar sin trabajo por no tener la capacitació”. Domingo Guillén quiso comentar que “se está produciendo una politización de la educación, el valenciano hay que estudiarlo pero no obligarlo, Marzá debe corregir este decreto”.
Rosa Guillén, portavoz del grupo socialista, quiso rebatir esta moción del grupo popular puesto que “aquí se trajo una moción conjunta de las Ampas, que forman parte el sistema educativo y esta moción es del PP, creo que los políticos deberían dejar de lado la educación. Hay que luchar por un Pacto de Estado en educación para que no la cambie ningún político de turno”. El grupo popular se mostró favorable a ese pacto de Estado.
La moción salió adelante con los votos de PP y Ciudadanos.
El último punto a tratar fue otra moción presentada por el grupo popular, esta vez para pedir la devolución del IBI rústico. Los populares se encontraron con que la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Albatera, ha declarado que el pleno no tiene competencias para llevar a cabo la moción presentada y en caso de aprobarse, se puede incurrir delitos de malversación. Sin embargo, el PP presentó una enmienda en la que pedía un informe de SUMA para ver cuál es la fórmula legal para ayudar a los agricultores y devolverles el IBI.
Esta moción junto con la enmienda fue aprobada por unanimidad.
En el turno de preguntas y respuestas Ana Serna, del grupo popular, le preguntó a la actual alcaldesa sobre la situación política actual, tras la baja médica de Rosario Ballester, además de otras muchas cosas que han sucedido estos dos años. Rosa Guillén le contestó en referencia a la situación de la alcaldía que “yo di mi palabra en su día y la cumplí, de momento hay un parte médico de baja de Rosario Ballester y no sabemos cuándo va a volver”.
El equipo de gobierno aclaró que los presupuestos municipales se van a modificar y adaptar para el año 2018, sin coste alguno.
