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La Guardia Civil interviene más de 400 kilogramos de pescado fresco que se estaba transportando de forma irregular

Se trataba de un camión no rotulado, que según manifestaba el transportista, procedía de Santa Pola y se dirigía a la Comunidad de Madrid

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La Guardia Civil de Alicante ha  incautado 402 kilogramos de pescado ilegal, presuntamente procedente de Santa Pola, y que era  transportado de forma irregular, con destino a la Comunidad de Madrid, según alegó el transportista, que no pudo acreditar documentalmente este extremo. El Seprona de Elche ha iniciado un expediente de propuesta de sanción por varias infracciones contra el titular del trasporte.

El pasado 6 de mayo, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Elche, en un control rutinario de transporte de mercancías de productos frescos alimentarios llevado a cabo en una carretera convencional entre Elche y Santa Pola, procedió a la comprobación de la carga  de un camión isotermo.

La finalidad de las patrullas en este tipo de identificaciones, es la de comprobar que toda la carga lleve las correspondientes etiquetas, albaranes de origen y destino, así como que no se comercialicen especies protegidas, vedadas o de menor tamaño al autorizado.

En este caso se trataba de un camión no rotulado, que según manifestaba el transportista, procedía de Santa Pola y se dirigía a la Comunidad de Madrid. En su interior llevaba un gran número de cajas de pescado fresco de diversas especies, apiladas en palés: ejemplares de gamba blanca, salmonete, cigala, bonito, merluza, cangrejo y morralla.

A simple vista, los agentes no pudieron localizar en las cajas las etiquetas obligatorias identificativas del producto y de su trazabilidad. Así que decidieron proceder a una inspección más exhaustiva, en la que se detectaron varias irregularidades.

De la totalidad de productos pesqueros que transportaba el camión (1.883 kilogramos), 715 kilogramos no estaban amparados por el documento de transporte ni constaba documentalmente su destino. Además, 49 cajas (402 kilogramos), no llevaban ningún tipo de etiquetado identificativo, no pudiéndose acreditar la trazabilidad, es decir, su lícito origen. Para eludir los controles, estaban dispuestas alternativamente entre otras que sí portaban la etiqueta obligatoria.

De esas 49 cajas, además, en 17 de ellas (120,87 kilogramos), la talla de los ejemplares era inferior a 20 centímetros, que es la mínima reglamentaria para la especie, que en este caso era la Merlucius merlucius. Tanto la captura como la comercialización de ejemplares inmaduros está prohibida y supone un importante daño para la supervivencia de las especies.

Por otro lado, tampoco se presentó por el inspeccionado, el certificado de homologación y características de la caja isotérmica del camión, así como su preceptivo registro de auto control de la temperatura de los alimentos transportados, no pudiendo asegurarse haber preservado la correcta cadena de frío necesaria para el transporte de esos alimentos.

La normativa en materia de seguridad y trazabilidad de los alimentos destinados al consumo humano, atendiendo al riesgo para la salud de los usuarios que supone la comercialización de productos alimenticios que no hayan pasado los controles preceptivos sanitarios, y especialmente en la comercialización de productos frescos, requiere que las patrullas de Seprona realicen este tipo de inspecciones de forma periódica.

Por todos estos motivos, se informó al titular del transporte, de que las irregularidades observadas podrían constituir infracción en función de la normativa vigente, siendo propuesto por los agentes para ser sancionado como presunto autor de diversas infracciones a la Ley 17/2001 de Seguridad Alimentaria y Nutrición; al Real Decreto 121/2004 de Identificación de los Productos de Pesca; Ley 2/94 de Defensa de los Recursos Pesqueros; Ley 53/1999 de Pesca Marítima; y a la Ley 37/1992 del Impuesto Sobre el Valor Añadido.

Los 402 kilogramos de pescado sin etiquetar, y del que además no se aportó ningún tipo de albarán, factura u otro documento que acreditara su procedencia ni destino legal, ha sido intervenido y puesto a disposición de la autoridad autonómica competente, la Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana. El valor en el mercado del pescado incautado habría alcanzado los 4.000 euros.