Con la sentencia del Tribunal Supremos que anula varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo se aviva de nuevo la guerra del agua entre comunidades y entre partidos políticos.
El recurso al Plan Hidrológico del Tajo fue interpuesto por varias asociaciones y municipios afectados por el trasvase, Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina, la asociación GRAMA (Grupo de Acción para el Medio Ambiente), la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, el Ayuntamiento de Mantiel (Guadalajara) y la asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, y es ahora cuando la sentencia ha anulado varios puntos por no fijar caudales ecológicos en determinadas zonas.
La sentencia indica en que los embalses de la cabecera del Tajo (Entrepeñas, Buendía y Bolarque) deben garantizar de manera prioritaria tanto las demandas de la cuenca del Tajo como sus necesidades ambientales, incluyendo el régimen de caudales ecológicos y una vez fijadas estás demandas, que verán aumentados los umbrales de reserva no trasvasebles por encima de los 400 hm3 actuales, se procederá a determinar los volúmenes de agua a trasvasar.
Según datos de la Confederación Hidrográfica del Segura Albatera tiene una superficie regable de 2.927 ha. con una dotación del Trasvase Tajo-Segura de 7.815.324 m3
Esta sentencia abre la eterna guerra entre partidos políticos y más ahora a puertas de la campaña electoral. En un comunicado el presidente provincial del PP, Pepe Císcar, ha señalado que ese trasvase «solo ha estado cuestionado cuando ha gobernado el PSOE» y que ha sido el Partido Popular «quien ha blindado por ley la transferencia» hídrica desde Castilla-La Mancha hacia la cuenca mediterránea del Segura.
El coordinador de Agua de PSPV-PSOE en el Congreso, Herick Campos ha señalado que “los únicos que han cerrado el trasvase del Tajo-Segura han sido los gobiernos del Partido Popular, y lo hicieron durante doce meses y en plena sequia para la cuenca del Segura”. Asimismo, Campos ha acusado al PP de “ser el culpable de haber generado inseguridad jurídica y falta de inversiones en la depuración del Tajo”.
La Confederación Hidrográfica del Tajo deberá presentar próximamente un nuevo plan adaptado a estos nuevos caudales ecológicos. Un panorama que deja en grave peligro a las zonas de regadío de la provincia de Alicante y parte de la de Valencia.